Es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Toda persona podrá reclamar ante los Jueces, en todo momento y lugar, la protección inmediata de los Derechos Constitucionales Fundamentales, cuando resulten vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares con funciones públicas, siempre que no proceda otro mecanismo judicial de defensa o sea de inmediata utilización para evitar un perjuicio irremediable.
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